UPN se ha sumado a la exigencia del Colegio de Abogados de Pamplona recogida por el Defensor del Pueblo en su informe anual por el que se demanda al Gobierno de María Chivite que suprima la obligatoriedad de la cita previa como condición para ser atendido en las oficinas de la Administración foral.
“Este sistema se implantó justificado en las condiciones impuestas como consecuencia de la pandemia y, sin embargo, hoy permanece y resulta una obligatoriedad que perjudica a los ciudadanos en su imprescindible relación con la Administración, a cuyo sostenimiento contribuyen con sus impuestos”, han señalado los regionalistas.
Para UPN, “resulta inconcebible que se rechace la atención ciudadana si se carece de cita previa pues las necesidades de prestar el servicio precisan de mayor urgencia, eficacia y garantía que las que ofrece este sistema de cita previa que en muchas ocasiones supone una barrera en el derecho de los ciudadanos a ser correctamente atendidos en la Administración”.
Además, han destacado que, en el informe presentado esta mañana en el Parlamento de Navarra, “se ha constatado la tramitación de más de 40 quejas ciudadanas que relatan la imposibilidad de ser atendido en las oficinas de la Seguridad Social por ninguno de los tres canales: telefónico, presencial o telemático”.
“En la práctica, los ciudadanos exponen que el personal de seguridad de las oficinas impide la entrada a los ciudadanos contribuyentes que se dirigen a las oficinas a realizar trámites y consultas, en el servicio telefónico es imposible establecer contacto y por internet se exige la firma digital para cualquier gestión, con lo que en la práctica se obstaculiza la posibilidad de dirigirse a los servicios de la Seguridad Social”, denuncia la formación regionalista.
Y califican de “impropio de una sociedad avanzada que en un servicio público, en muchos casos de primera necesidad, exista una auténtica barrera a las puertas de las oficinas para impedir el acceso a los contribuyentes a quienes deben servir”.
